A propósito de la invalidación de los actos administrativos, un reciente fallo de la Excma. Corte Suprema concluyó que "en la medida que una decisión relativa a la validez o nulidad de un acto administrativo puede afectar los intereses de terceros, debe dar origen a un procedimiento sujeto a las normas de la Ley Nº19.880 que considera como etapa esencial la audiencia del o de los interesados", de modo que, si la Administración pretende restar efecto a sus decisiones por razones de legalidad, significa que no puede omitir este trámite que adquiere un carácter esencial. Agrega el máximo tribunal que, "la lógica y el sentido de la frase “previa audiencia del interesado”, lleva necesariamente a concluir que tal exigencia se satisface notificando previamente al interesado, comunicándole la detección del vicio y la posibilidad de que el órgano administrativo invalide el acto en cuestión, otorgándole un plazo para que exponga lo que estime conveniente sus intereses o citándolo a una audiencia para dicho efecto."